Promotores ambientales: “Debemos actuar con el poder de la justicia”
Ver GaleríaLa Sesión Justicia y Democracia de la Cumbre de Integración por la Paz, CUMIPAZ 2018, contó con un espacio destinado al ambiente, bajo el tema “Justicia Ambiental” desarrollado por embajadores, jueces y distinguidos promotores ambientales, en el segundo panel de la sesión.
Los especialistas del área judicial presentaron sus ponencias con el objetivo de impulsar la justicia ambiental como un valor generador de paz, promoviendo propuestas y acciones dirigidas a la preservación de la Madre Tierra.
El abogado ambientalista, Juan Manuel de la Cruz, de Guatemala, fue el moderador del panel, quien dirigió la actividad consultando a los expertos acerca de cómo superar las barreras que pueden obstaculizar el acceso a la justicia ambiental.
Rafael Fernández Valverde, miembro de la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Iberoamericana, enfocado en el tema de lograr el acceso a la justicia ambiental, señaló que los tribunales internacionales deben empezar a dialogar en un terreno en el que sean comprensibles para el resto de los jueces ordinarios.
Fernández expresó:
“clarificar competencialmente el ámbito de cada uno de estos tribunales y no situar, digamos, a esos tribunales internacionales en un régimen de superioridad, sino más bien de ámbito competencial o de ámbito consultivo”.
Igualmente, consideró, entre otros aspectos, que se debeaplicar el principio de no regresión para proteger el medio ambiente. Señaló que este es uno de los principios más esenciales, y que la jurisprudenciade los distintos países debe avanzar en ese sentido.
“El principio de no regresión en la protección medioambiental, las garantías de que unos determinados terrenos considerados por una protección esencial, continúen en esa situación”, afirmó.
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Educar en materia ambiental
Por su parte, Luis Armando Tolosa Villabona, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de Colombia, explicó que existen varias barreras centrales en el tratamiento de los problemas ambientales, entre ellos: La carencia de educación en materia ambiental y el tema de justicia, el desconocimiento de la gravedad de los problemas ambientales.
En su ponencia manifestó:
“Existen graves problemas que afectan al medio ambiente, entre ellos el problema público, la falta de educación en materia ambiental; el desconocimiento de la gravedad de los problemas ambientales y la destrucción de la capa de ozono”.
Señaló Tolosa que otros problemas graves en materia de justicia ambiental son: la disparidad de criterios para resolver conflictos y la carencia de una normatividad clara en los Estados, en las constituciones y en la legislación que abogue decididamente con instrumentos eficaces por la protección del medio ambiente.
En este sentido, opinó que se debe reflexionar y tomar medidas concretas para resolver los problemas ambientales y afirmó que los jueces deben ser conscientes de sus acciones judiciales, para que puedan exigir a los Gobiernos que promuevan el cuidado y protección del medio ambiente.
Un bien jurídico colectivo
El embajador de Buena Voluntad de la OEA para la justicia ambiental, Duberlí Apolinar Rodríguez Pineo, en su ponencia mencionó que, según su criterio, las barreras que obstaculizan la justicia ambiental. Declaró:
“No tenemos una justicia especializada en materia ambiental”.
“No es posible que de 3080 jueces que hay en el Perú, solo tengamos dos juzgados especializados en materia ambiental".
Rodríguez informó que Perú tiene una población de 32 millones de habitantes, de los cuales 10 millones pertenecen a las comunidades indígenas, que son las que presentan más conflictos sociales, y esas situaciones tienen su origen en problemas ambientales.
Afirmó Rodríguez:
“Lo que tenemos que hacer es que nuestros Gobiernos, nuestros gobernantes tomen una decisión política: la de defender el medio ambiente(…) Tenemos Ley de Medio Ambiente, tenemos Código Penal, todo eso tenemos, pero el tema es, en la práctica qué hacemos por defender nuestro medio ambiente. Si no hay la decisión política al más alto nivel todo será pura literatura”.
Igualmente enfatizó hacer uso del Derecho Administrativo Sancionador, abordar la política criminal del riesgo y adoptar el derecho penal para proteger el medio ambiente como un bien jurídico colectivo.
Somos responsables por el bienestar ambiental
Daniel Guevara Cortés, ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, de Chile, consideróque la convicción de un juez está llamada a tener un profundo sentido de respeto y compromiso con la Madre Tierra, para la protección de la especie humana sin romper el equilibrio ecológico. Guevara afirmó:
“Hay equilibrios ecológicos esenciales que nos exigen que esa paz, que la paz ambiental traiga dignidad y protección a la vida en el más amplio sentido de ella”.
Guevara mencionó que existen tratados internacionales en materia ambiental, que muchas veces pasan a ser simplemente declarativos, y resaltó la importancia de concretar las sentencias judiciales:
“Todo juez que resuelve una controversia en materia ambiental entienda su deber de aplicar todo el ordenamiento jurídico en una revisión de máximo jurisdiccional, no podemos actuar a medias tintas, tenemos que actuar con el poder de la justicia y el ejercicio del derecho.
Asimismo, dijo que la paz mundial no solo es el respeto de las fronteras nacionales pactadas en tratados internacionales, es entender, como civilización humana, que se debe respetar el derecho a un medio ambiente sano desde el Estado y las empresas.
“Tenemos un nuevo desafío: comprender que somos los responsables a tiempo presente por el bienestar ambiental de las generaciones futuras”, concluyó.
Conclusiones y cierre del panel
Para finalizar el panel “Justicia Ambiental” los ponentes emitieron sus conclusiones:
Rafael Fernández Valverde, miembro de la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Iberoamericana, de España, concluyó:
“Es necesario potenciar la especialización jurisdiccional, porque todo ese componente, todos los conflictos en materia medioambiental terminan en la mesa de un juez especializado e independiente, que debe tener presente la realidad social en la que debe aplicar esa norma”.
Luis Armando Tolosa expresó que una primera conclusión es la necesidad de invitar a la academia, a las facultades de derecho, a las comunidades, a los jueces, a trabajar por la protección del medio ambiente y a ponerlo como un tema prioritario, ya que significa el futuro.
Tolosa exhortó a los jueces a tomar decisiones concretas para la protección del medio ambiente:
“Tenemos que hacerlo, es el futuro nuestro, de nuestros hijos y los derechos fundamentales de las futuras generaciones”.
Por su parte, Duberlí Apolinar señaló que se debe dar prioridad a la educación ambiental en todos los terrenos, desde la niñez, promoviendo que los niños respeten a la naturaleza:
“La única forma como podemos crear conciencia es a través de una herramienta, a través de una llave maestra que es la educación”.