Tucapel Jiménez | El fomento de leyes que promuevan la protección y defensa de los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra, en un mundo globalizado, para alcanzar el bien común.

Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Quisiera comenzar agradeciendo la invitación a participar en este panel. Deseo iniciar mi intervención precisando que a esta ONG, corporación, organización: La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, es una es una organización completamente nueva para mí; es primera vez que participo en una Cumbre como esta, y solo la conocía a través de voluntarios y activistas que trabajan fuertemente en Chile: don Patricio, don José Villegas…; y a través de ellos pude conocer el trabajo, que me pareció tremendamente interesante y fue en definitiva lo que me motivó a estar hoy día acá.

Además, también, el título de la Cumbre: Cumbre de Integración por la Paz. Aprovechar de aclarar también ciertos conceptos relevantes al tema que hoy nos convoca.

También me motivó la posibilidad de dar a conocer una realidad que se vive hoy día en mi país, y que hice relación principalmente con el pueblo Mapuche —con los pueblos originarios, pero principalmente con el pueblo Mapuche—; y era... porque ahí les voy a explicar qué es, es la aplicación de una ley que tenemos en Chile, que es la Ley Antiterrorista.

Porque el nombre de la Cumbre habla de la paz, y personalmente creo que existen leyes que, por muy bien intencionadas, provocan justamente lo contrario: injusticia y violencia; lo que claramente atenta contra la paz. Toda persona merece el respeto a sus derechos fundamentales y uno de ellos es el debido proceso.

Pero al llegar ayer acá me di cuenta que el panel decía: “El fomento de las leyes que promuevan la protección y defensa de los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra, en un mundo globalizado, para alcanzar el bien común”; y por lo tanto, dije: Voy a hacer algunos ajustes a mi discurso. Pensé que lo de la ley no era tan apropiado, así que hice algunos cambios a lo que les voy a plantear ahora.

También, y a título de presentación, decirles que toda mi vida legislativa (llevo tres períodos como diputado en Chile) he trabajado en la Comisión de Derechos Humanos, la cual me ha tocado presidir en dos ocasiones, y mi trabajo se ha centrado principalmente en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Es así también que he realizado en fuerte trabajo a través de una ONG que se llama PGA (no sé si alguno la conoce), que es Acción Global de Parlamentarios; primero para promover la firma de todos los países del Estatuto de Roma y la ratificación de la Corte Penal Internacional.

Hoy seguimos trabajado arduamente para que la mayor cantidad de países ratifiquen las enmiendas introducidas en la ciudad de Kampala; y también he escuchado acá (dentro de las conversaciones que he tenido) que esta instancia promueve la incorporación de un nuevo tipo de delito, que es el ecocidio o ecoterrorismo (le había llamado yo), pero más bien la palabra exacta es ecocidio, lo cual me parece de entera justicia y acorde a los nuevos tiempos y a un desafío que tenemos.

En general me referiré a los derechos humanos como aquellos inherentes a toda persona, mientras que por los derechos de la Madre Tierra como aquellos que buscan la protección y la preservación del medio ambiente.

Además debo advertir que no soy abogado, y por eso mi intervención estará inspirada solamente por mi fuerte sentido de servicio público, el sentido común y mi experiencia como parlamentario.

Bueno, habiendo hecho esta prevención voy a dividir en dos secciones el resto de mi presentación: Por una parte voy a hablar someramente respecto de los esfuerzos en el Derecho Internacional, que han pretendido —todavía insuficientes— establecer un equilibrio entre una suerte de visión antropocéntrica clásica, del hombre en el centro de todo, y una que se inspira en una idea de cosmovisión, que reconoce diversas relaciones: piénsese en nuestros pueblos originarios, con la Madre Tierra, y los propios derechos de la Pachamama.

Finalmente, quisiera compartir con ustedes un caso concreto de mi país, el cual estimo es un buen reflejo del problema global a través de la frontera de los Estados, y de paso también a través de los océanos y las montañas, en palabras de James Anaya, a saber: la escasez hídrica.

Quiero hacer referencia a dos principios reconocidos en instrumentos internacionales, que, aunque no sean vinculantes, estimo que evidencian un cambio en el paradigma con el cual la comunidad internacional enfrenta la relación entre los derechos humanos y la protección y preservación del medio ambiente.

El primer principio es reconocido por la Carta Mundial de la Naturaleza, instrumento aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1982; el principio dice en relación a mantener la productividad de ecosistemas y organismos utilizados por el ser humano, sin poner en peligro su integridad o la de otros ecosistemas y especies con los que coexistan.

Más adelante se desarrolla este principio reconociendo que: «Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmosféricos que son utilizados por el hombre, se administrarán de tal manera de lograr y mantener su productividad óptima y continua, sin por ello poner en peligro la integridad de los ecosistemas y especies con las que coexistan».

Destaco este principio recordándoles que este fue reconocido en el año 1982 para ejemplificar la visión antropocéntrica del mismo, dando cuenta que los derechos de la Madre Tierra se comenzaron a proteger en función a la producción; es decir, la Madre Tierra es protegida en cuanto se encuentra al servicio de la producción humana.

El segundo principio está contenido en la Carta de la Tierra, instrumento de orientación desarrollado por una comisión independiente, promovida por el entorno de las Naciones Unidas en el año 2000. El principio es un desarrollo de uno de los cuatro principios básicos, aquí el referente al respeto y cuidado de la comunidad de la vida: «Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales y proteger, sobre todo, los derechos de las personas».                           

Esta orientación permite observar un reconocimiento a la simbiosis existente entre los derechos de las personas y aquellos del medio ambiente. Esta visión es necesaria para enfrentar problemáticas que no solo son locales (enmarcadas dentro de las fronteras de cada uno de nuestros países), sino que deben ser enfrentadas tanto a una escala internacional como local.

Respecto a esta última trinchera, referente al derecho interno, es que me referiré a la escasez hídrica en el norte de mi país.

Gabriela Mistral, en el libro Tala de 1938, incluye un breve poema titulado “El agua”, en el cual describe al agua incansable en su flujo e infinita, finalizando de la siguiente manera:

«¡Beben del Agua dos orillas,

bebe la Sed de sorbos grandes,

beben ganados y yuntadas,

y no se acaba, el Agua amante!».

La realidad escrita por la primera latinoamericana y única mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura, dista mucho de la actualidad y de la realidad actual.

Chile, nuestro país, se está secando; y lamentablemente no es solo por la falta de lluvia. El modelo económico imperante concretiza en el año 80 la privatización de las aguas chilenas, permitiendo el sobreotorgamiento de los derechos de agua, donde se configuran un monopolio del cual el 90% de los derechos no consultivos son o pertenecen solo a tres empresas extranjeras.

Por otro lado, Chile posee el agua más cara de América Latina debido a que el Estado entregó en concesión a empresas privadas la administración de los servicios sanitarios. Además, se debe considerar que dicha escasez afecta también a la población al alterar la calidad de vida de las personas.

En especial, en el norte de Chile la población crece y la agricultura actualmente convive con la minería, convirtiendo el agua en un elemento vital para un desarrollo integral; además el clima ha cambiado ocasionando escasez y sequía.

Es de la mayor importancia encontrar soluciones sostenibles a la escasez hídrica, dado que es un hecho vulneratorio tanto de derechos humanos (aquellos inherentes a toda persona) como de los derechos de la Madre Tierra (aquellos que buscan proteger y preservar el medio ambiente).

En este contexto apoyé la presentación de un proyecto de ley que busca modificar la Ley General de Servicios Sanitarios. Son disposiciones relativas al régimen de explotación de servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable, y a recolectar y disponer aguas servidas, en el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas, para usos en actividades agrícolas y mineras.

El tratamiento de las aguas servidas se ha incrementado en el país sustancialmente en los últimos años, alcanzando un nivel de cobertura cercano al 83% respecto a la población urbana nacional, por tanto, la manera como se lleva a cabo el proceso y el destino de las aguas tratadas; lo cual constituye un tema fundamental en atención a la necesidad de optimizar el recurso hídrico en nuestro planeta y en el norte de Chile.

La idea principal de tal proyecto consiste en establecer por ley que el uso o destino de las aguas tratadas puedan aportarse a los procesos de riego o de operaciones mineras, a fin de optimizar el recurso hídrico, privilegiando el uso de este tipo de aguas para dichos efectos en vez de agua potable para el consumo humano. Así, en el caso particular, se busca modificar la inercia antropocéntrica de la ley para reconocer y garantizar derechos de protección y preservación de cualquier ecosistema.

Permítanme dedicar los últimos dos minutos a decir algo (que aunque suene a una obviedad, conviene no olvidarlo):

Este paso de una mirada antropocéntrica a una que tenga el ecosistema en el centro, no puede hacerse sin valorar, respetar y promover las diversas miradas que desde la cosmovisión nuestros pueblos originarios tienen de la Tierra. Nuestros pueblos originarios, que poblaban estas tierras antes de que fueran colonizadas, tenían y tienen una relación de profundo respeto y cariño hacia nuestra Tierra, y eso es algo que debería inspirar todas nuestras políticas públicas.

Lo anterior (como seguro alguien lo va a profundizar acá) pasa también porque los Estados respeten estrictamente el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto nos invita a velar porque se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural, y sobre el medio ambiente, que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre estos pueblos.

Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas; los Gobiernos deben tomar medidas en cooperación con los pueblos interesados para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

No niego que sobre esto los gobiernos de mi país han tenido avances, pero también retrasos e incumplimientos; en muchos casos incentivados por una (a mi juicio) infundada percepción que existe, una dicotomía insalvable entre el progreso y el cuidado del medio ambiente, y el respeto, sobre todo, a los pueblos originarios. Cambiar este paradigma no se hace de un día para otro, pero estoy seguro que se trata de un camino que no tiene vuelta atrás.

El respeto de los derechos de la Madre Tierra, el respeto de los derechos de los pueblos originarios, es un camino fundamental para un desarrollo sustentable que nos permita superar la pobreza y la desigualdad, la erosión de los medios de subsistencia, basados en los recursos naturales, la migración y desplazamiento forzado, que incrementan su dependencia de la economía informal, y la desigualdad de género, tanto dentro como fuera de sus comunidades.

La invitación, por lo tanto, es a reflexionar en torno a cómo proteger y preservar el medio ambiente, no solo teniendo presente el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, sino también sumar a dicha ecuación la necesidad de contribuir al bienestar de la Madre Tierra.

Muchas gracias.

MODERADORA

Muchas gracias al diputado de la República de Chile que nos ha hecho referencia sobre el fomento de leyes que promuevan la protección y defensa de los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra, en un mundo globalizado, para alcanzar el bien común.

Decirles que el diputado Tucapel Francisco Jiménez Fuentes es ingeniero en educación eléctrico y política chileno, vinculado al Partido Por la Democracia (PPD), diplomado en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad de Chile y diplomado en Tasaciones de Áreas Afectas a Expropiación (la misma casa de estudios).

Él ha manifestado en esta oportunidad una preocupación sobre su país, específicamente en el norte, donde hay escasez del recurso hídrico; y además que nos hace conocer que Chile tiene el agua más cara de América Latina; hay un incremento en aguas servidas; y también hace referencia al respeto que merece el Convenio 169 de la OIT. Creo que tienen muchos desafíos por delante para superar este tema que, sin duda alguna, es muy preocupante en la República de Chile.