Dr. James Matthew Lambert | Sesión Parlamentaria, CUMIPAZ 2017

El compromiso de los organismos internacionales en la búsqueda del bienestar social, político, económico y cultural del individuo y las naciones

Muy buenos días, Dra. Yanibel Abrego Smith, presidenta de la Asamblea de Panamá; Lcda. Gabriela Lara, directora general de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz; el Sr. Luis Eduardo Quirós, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Tecnología y Comunicación del Parlatino; distinguidos representantes nacionales e internacionales.

Es para mí un gran honor estar presente con ustedes hoy en representación del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para asistir a la tercera edición de la Cumbre de Integración por la Paz. El secretario general me pidió especialmente mandar un saludo al Dr. Soto Santiago, que les ruego a ustedes que le transmitan a él en Puerto Rico.

Y como han mencionado en su amable introducción, soy secretario de Asuntos Hemisféricos en la OEA. Es una placer acompañarlos en este extraordinario recinto del Parlatino acá en la ciudad de Panamá.

Antes de entrar en el tema de la conferencia, que es “El compromiso de los organismos internacionales en la búsqueda del bienestar social, político, económico y cultural del individuo y las naciones”, quiero felicitar a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz por su trabajo y por los resultados tangibles que ha generado, como mencionó el secretario Almagro cuando él participó en la Cumbre pasada en Paraguay: “Estamos abarcando los mismos retos en el hemisferio; es decir, la pobreza, la exclusión, la falta de educación y salud”; y espero que tomen mi presencia aquí como muestra de solidaridad y apreciación.

Los organismos internacionales o multilaterales constituyen un elemento imprescindible en ayudar a las comunidades globales en avanzar el bienestar social, político, económico y cultural en su entorno. Yo digo “comunidades” en lugar de “Estados”, porque para lograr impacto ya no es suficiente juntar representantes de alto nivel de los Estados miembros de organizaciones multilaterales.

Para tener un impacto real se necesita un enfoque mucho más inclusivo para poner juntos los representantes gubernamentales con otros ramos del Estado: parlamentarios, judiciales y centros de excelencia. Eso, a grandes rasgos, implica involucrar una plena gama de actores sociales de la sociedad civil hacia nuestros pueblos indígenas o, como los llamamos en Canadá, las primeras naciones de nuestro continente, que realmente saben qué es cuidar la Madre Tierra.

El sistema multilateral en su mera existencia hace una contribución importante; la existencia de un sistema basado en reglas no permite que los grandes poderes definan o manipulen el sistema internacional en su beneficio. Después de la Segunda Guerra Mundial, la existencia de estas instituciones permitía la disminución considerable de conflictos entre países y regiones. En este sentido, nuestro hemisferio puso un ejemplo importante: la Unión Panamericana, institución que precedió la OEA, fue formada en 1889; y a través de la serie de tratados y acuerdos negociados a lo largo de su existencia, logró que nuestro hemisferio viviera durante todo el siglo XX un largo periodo sin conflicto transfronterizo.

Evidentemente, la ausencia de guerra en nuestros hemisferios, entre países, por más de 100 años, y en el mundo entero la baja notable de violencia transfronteriza después de la Segunda Guerra Mundial, no indica el fin ni de la violencia, ni de la injusticia, ni de desigualdad.

En algunos casos, las reglas puestas en vigor (por ejemplo, para liberalizar nuestras economías), al no ser acompañadas de amortiguación social y políticas inteligentes de formar los mercados laborales, han generado más exclusión y tensiones sociales. Es por eso que digo que la complejidad de nuestras sociedades en el siglo XXI demanda instituciones multilaterales mucho más comprometidas e inhibidoras.

Al final de la Guerra Fría nos dio en los años 90 oportunidades de repensar el papel de los organismos internacionales; conceptos tradicionales, como la soberanía incontestable, se tuvieron que repensar. Surgieron ideas innovadoras, como es la responsabilidad de proteger. En el caso de la OEA, en el año 2001 se acordó la Carta Democrática Interamericana, que acordó que, frente a posibles rupturas del orden constitucional en ciertos países, los poderes soberanos no son ilimitados; particularmente cuando chocan con los valores fundamentales democráticos y de derechos humanos.

Un paso importante se dio en las Naciones Unidas en la entrada del nuevo siglo con la proclamación de las Metas del Milenio. Estos establecieron una serie de criterios medibles en cuanto al bienestar humano (es decir, en los sectores de salud, educación, medio ambiente y otros) para dar sentido a nuestras acciones como Gobiernos o instituciones y de reenfocar nuestras labores a favor de nuestros pueblos.

Esto se acaba de renovar en forma de un compromiso global con la Agenda 2030, en que los líderes mundiales acordaron sobre una serie de metas necesarias para realizar un cambio fundamental a favor de nuestros ciudadanos.

Una de las ventajas de esta forma de abarcar los retos que enfrentamos como comunidad internacional, es de dar resultados cuantificables y de transparentar hasta cierto punto no solo los logros y defectos, pero también quiénes son los beneficiarios.

Una de las conclusiones derivadas como resultado de eso es que, a pesar de un periodo de crecimiento importante, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más marcada por desigualdad en el mundo.

Déjenme entonces hablar un momento sobre la manera en que la OEA responde a este reto de bienestar regional, y particularmente el nuevo enfoque que ha dado el secretario general Almagro desde su llegada en 2015 a favor de más derechos para más gente.

Como toda instancia internacional, la OEA está en un evolución constante. Si uno considera su origen en 1948, cuando se formó sobre la base de la Unión Panamericana, había un fuerte elemento ideológico; es decir, la OEA francamente nació formada por los momentos de la Guerra Fría con una misión anticomunista. Acordamos que en aquel periodo, y hasta los años 70, los Gobiernos de la región tenían fuertes características militares y autoritarias.

El florecimiento democrático que vivió la región, acompañado por un importante crecimiento en su membresía con la descolonización del Caribe, permitió la transformación de la OEA en una organización mucho menos ideológica y mucho más caracterizada por su excelencia técnica construida sobre cuatro pilares: la democracia, la seguridad multidimensional, derechos humanos y el desarrollo.

Cada uno de esos cuatro pilares tenía un componente sensible, que fue superar la resistencia de muchos países a que una instancia multilateral velara sus condiciones internas; pero poco a poco se volvió realidad.

Uno de los pasos más importantes en los años 90 fue la formación en la OEA de la llamada Unidad de la Promoción de la Democracia. En primer lugar, esa nueva entidad permitió que la OEA se convirtiera en uno de los centros de excelencia en el mundo en el manejo de las misiones de observación electoral. Con la conclusión de la Resolución 1080, en 1991, la región aceptó la democracia representativa como valor esencial; y eso se consolidó aún más en 2001 con la conclusión de la Carta Democrática Interamericana, que sigue siendo una referencia trascendental en la región.

Sabemos todos, que, por más importantes que sean los procesos electorales, otros factores importantes se imponen en calificar la calidad democrática en nuestros países. La gobernanza democrática, que impacta el bienestar de nuestros pueblos, se ve afectada de una manera importante por otros fenómenos, como la separación de poderes, la profesionalización de servicios públicos, la libertad de prensa y la transparencia gubernamental.

La Unidad de la Promoción de la Democracia entonces se convirtió en el Departamento de Gestión Pública Efectiva, que hoy en día lanza una serie de proyectos con el propósito de fortalecer estos elementos que impactan mucho la calidad de Gobierno democrática en la región.

La labor de la OEA a favor de la promoción de los derechos humanos también es familiar para muchos de ustedes. Las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de la Mujer permiten cada vez una mejor vigilancia sobre el respeto de los derechos fundamentales.

La luz que ponen estos instrumentos sobre la observación de derechos políticos, civiles, económicos y sociales en el hemisferio sirve como elemento disuasivo para condicionar las acciones de las autoridades políticas, judiciales y policiales en la región. Desafortunadamente, existen fuerzas contrarias, como son el narcotráfico, las maras, la corrupción, que ponen en peligro el proceso que hemos logrado hasta el momento; cosa que demanda una nueva creatividad y compromiso de las autoridades nacionales y regionales en este momento.

Me considero, entonces, afortunado de que haya coincidido mi llegada a la OEA con un nuevo secretario general, quien tiene una visión y una energía renovada para abarcar esos desafíos. Luis Almagro ha logrado ver los elementos claves para entregar sobre su compromiso de más derechos para más personas.

Primero, una voluntad política importante de velar por los valores democráticos y de defender la Carta Democrática Interamericana. Su determinación en este respecto (más visiblemente en el caso de Venezuela) ha dado un nuevo lustre a la OEA y sirve para halar hacia su mandato original, que es de servir como la primera instancia interamericana para la resolución de problemas políticos regionales.

Segundo, ha abarcado los problemas financieros y administrativos de la misma Organización, aportando un nuevo enfoque sobre la gestión por resultados. En esto ha insistido en un vínculo directo entre las prioridades articuladas por los Estados miembros y las actividades de la institución.

Suena fácil así, pero no es cosa sencilla que 34 países de distintas ideas y culturas se pongan de acuerdo sobre las prioridades institucionales. Este proceso costó dos años de esfuerzo, pero esto terminó cuando en junio de este año, en la Asamblea General celebrada en Cancún, los Estados miembros acordaron un nuevo presupuesto con una importante redistribución de recursos hacia las instituciones responsables para defender los derechos humanos, género, y de la niñez y juventud.

Una inyección importante de recursos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Americano del Niño, la Niña y Adolescentes constituye un logro importante no solamente para la relevancia institucional, sino también para responder a esta cuestión de cómo aumentar el bienestar de la región.

Otro reto que la OEA está en vías de abordar, y tal vez lo más nefasto y persistente, es lo de la corrupción. La amenaza de la corrupción en la gobernabilidad democrática en nuestros países ha sido durante mucho tiempo central en el plan de trabajo de la OEA. El artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana establece que son componentes fundamentales el ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los Gobiernos en gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida, y el respeto al Estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

La corrupción es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta no solo la región, sino también el mundo en general. Representa un obstáculo para el desarrollo, el crecimiento económico, la lucha contra la desigualdad, el fortalecimiento de las instituciones, y la legitimidad de la democracia y el sistema político.

Según la Transparency International, el 69% de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de Corrupción, en 2016 anotó debajo de 50 en una escala que llega hasta 100, donde 50 o más indica niveles más bajos de corrupción. Esto destaca la evidencia de la naturaleza masiva y generalizada de la corrupción en el sector público en todo el mundo. Para el mismo periodo, América Latina muestra una disminución con un puntaje promedio de 44; solo 4 países de la región, incluyendo Argentina, Paraguay y Brasil, presentaron mejoras.

La corrupción hoy es más compleja, más visible y sofisticada. La corrupción no solo afecta el sector público, sino que representa un peligro para el desarrollo nacional, incluida la calidad de los programas importantes, que afectan los sectores de educación, la salud, el medio ambiente.

También tiene efectos altamente dañinos en el sector privado. Anualmente las empresas y las personas pagan alrededor de 1,5 mil millones en sobornos, lo que equivale al 2% del PIB mundial y 10 veces el valor de la asistencia para el desarrollo; cifras que en algunos países de la región parecen ser aún más altas.

El daño que causa la corrupción al desarrollo es, de hecho, un múltiplo de la cifra estimada, dado al impacto negativo de la corrupción en la población pobre, más vulnerable, y en el crecimiento económico.

Más allá de estos indicadores, la realidad muestra que la sistemática corrupción y la desigualdad social se refuerzan mutuamente, creando un círculo vicioso entre la corrupción, el reparto desigual del poder en sociedad y la desigualdad en la distribución de la riqueza, provocando a su vez la decepción de la gente hacia la clase política y el sistema democrático.

La OEA ha jugado —y juega— un papel central respecto a la corrupción, destacado por un lado el impulso y adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, primer instrumento jurídico en la materia adoptado en 1996 y ratificado por 33 de los 34 Estados miembros de la OEA, así como la creación y funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de dicha convención, o el MESICIC.

El MESICIC, el Mecanismo, es un mecanismo de carácter intergubernamental con amplios espacios de participación para la sociedad civil, que se ocupa de apoyar a los Estados parte en la implementación de esta convención.

Como muchos de ustedes sabrán, la Cumbre de las Américas (que se llevará a cabo en Lima, en abril de 2018) se centrará en un tema crítico, que es “La gobernabilidad democrática contra la corrupción”. Los preparativos para esta Cumbre están muy avanzados, incluyendo la discusión de nuevas propuestas interesantes, como una posible una Corte Interamericana contra la Corrupción, para tratar casos de gran corrupción y captura del Estado en la región.

Desde mi punto de vista es un logro importante que el anfitrión de la Cumbre (Perú) junto con la Secretaría de Cumbres (que tengo que supervisar yo), esté poniendo sobre la mesa para la consideración de los líderes este problema que ha socavado el progreso en nuestra región.

Pues, en conclusión, reitero que me complace mucho compartir con ustedes algunas consideraciones sobre el impacto que pueden tener los organismos internacionales en el bienestar del hemisferio.

Las instituciones multilaterales sirven a los intereses de la comunidad internacional a medida que imponen las reglas del partido. Una mayor transparencia y utilización de indicadores claros, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ponen una lupa sobre nuestro rendimiento.

Finalmente, una mejor gestión de las instituciones, alineando nuestros pocos recursos con los verdaderos retos, y una buena dosis de coraje y voluntad política —como mencionó el Dr. Soto—, nos van a llevar a un futuro mejor para todos; objetivo que compartimos plenamente con todos ustedes.

Muchas gracias.