LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA REPARACIÓN

El concepto de “víctima” lo precisó la Organización de Naciones Unidas, en la Resolución 40/34 de 1985:

«Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder».

La condición de víctima le otorga al perjudicado un papel protagónico en el proceso penal y, por ende, en todo proceso de negociación para alcanzar la paz. El caso colombiano no es la excepción; y de hecho, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz celebra que en la mesa de negociación se dé participación activa a las víctimas del conflicto. El aporte de las víctimas a la solución del conflicto armado que por tantos años ha azotado a la nación colombiana es de vital importancia para llegar a soluciones conjuntas justas y equitativas.

En el camino de construcción de la paz es necesario realizar esfuerzos por reconocer a las víctimas del conflicto armado. Para ello, tanto la Fiscalía General de la Nación como las autoridades civiles y judiciales, deben adelantar todos los esfuerzos posibles por identificar a los afectados, abriendo espacios de participación democrática donde las víctimas sean escuchadas.

En todo proceso de paz, que es ante todo un proceso de reconciliación, no basta con reconocer a las víctimas; es necesario garantizarles sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como la garantía de que las atrocidades de que fueron víctima, no se repetirán.

En Europa, el Estado de Alemania es ejemplo ante el mundo, de la aplicación de una justicia que realmente se preocupa por las víctimas (justicia restaurativa), pues a pesar de que el imperio nazi cometió el Holocausto, los Gobiernos posteriores de Alemania han reconocido ese genocidio como el más documentado de la historia, han identificado a las víctimas, han aplicado justicia y reparan el daño que les fue causado. Ello sin desconocer los programas educativos que adelantan para enseñar sobre el Holocausto y así prevenir que se repitan tan lamentables hechos.

El Estado debe ganarse la confianza de las víctimas; y esa confianza se gana adelantando esfuerzos por garantizarle los derechos a la verdad (esclareciendo lo sucedido con sus seres queridos), a la justicia (imponiendo las penas que correspondan en un esquema de justicia transicional) y a la reparación (restituyéndoles las tierras de las que fueron desplazados y reparando el daño material y moral causado).

Una justicia que sirva de presupuesto y de garantía para la paz, debe respetar los derechos de las víctimas, porque ellas también son protagonistas del conflicto.

La condición de víctima y el reconocimiento de sus derechos, debe hacerse, según la ONU, en todo proceso judicial, y por ende, en todo proceso político en que se intente la solución pacífica del conflicto, “sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico”. Ello implica la ampliación del espacio de participación de los representantes de todas las víctimas del conflicto armado, para que ellas también aporten en la búsqueda de alternativas de solución que permitan a la sociedad colombiana vivir en paz.

Para lograr tan noble fin es importante considerar que, según la citada Resolución 40/34 de 1985 de la ONU: “Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional”.

Y para lograr ese objetivo, los Congresos de América Latina y del mundo entero deben revisar las legislaciones nacionales para que establezcan mecanismos judiciales y administrativos eficaces, que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Todas las víctimas tienen derecho a acceder a la justicia, a una justicia imparcial, pronta y eficaz.

La principal forma de garantizar el derecho de la dignidad humana de las víctimas es reconociéndoles oportunamente su condición de víctimas y validando sus sentimientos; propiciando que el victimario les pida perdón y permitiéndoles acceder a la justicia, esclareciéndose la verdad de lo sucedido con sus seres queridos, sin demoras innecesarias, y reparándoles el daño que les fue ocasionado. Y en lo posible, restituyendo las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse las conductas delictivas.

La solución pacífica de todo conflicto es la mejor opción; y para ello se deben agotar todos los esfuerzos que sean necesarios para detectar los puntos de acuerdo, los puntos de convergencia.

Los puntos de convergencia y el respeto por el otro, así piense diferente, son los fundamentos de todo proceso de paz.

En aras de la garantía de los derechos de las víctimas, todos los Estados, a través de sus gobernantes, deben revisar los procedimientos y las leyes para que se efectivice el resarcimiento de los perjuicios a las víctimas de todo conflicto. Una justicia demorada no es justicia. Y una justicia que solo castiga a los victimarios sin reparar el daño, es venganza del Estado.

Y el resarcimiento también ha de hacerse a la Madre Tierra y a los pueblos originarios desplazados por la violencia. Así lo contempla la Organización de Naciones Unidas, en la citada resolución:

«En los casos en que se causen daños considerables al medio ambiente, el resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo posible, la rehabilitación del medio ambiente, la reconstrucción de la infraestructura, la reposición de las instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos de reubicación cuando esos daños causen la disgregación de una comunidad».

Y cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras fuentes, los Estados deben indemnizar financieramente a todas las víctimas de delitos graves y a su familia. El Estado, en cabeza de sus legisladores, sus jueces y sus gobernantes, no puede ignorar la suerte de los huérfanos ni de las viudas.

Es importante que los Estados establezcan, refuercen y amplíen “fondos nacionales para indemnizar a las víctimas”. Todo ello, sin dejar de lado que, según las directrices de la ONU, las víctimas deben recibir “la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos”.

Mi llamado es a todos los legisladores para revisar la legislación nacional y reforzar los fondos nacionales para indemnizar a las víctimas. Esos fondos se fortalecen con los dineros y bienes incautados a los perpetradores; y además de ello, con los aportes de los dineros del Estado, pues cada vez que se comete un delito, se evidencia la falla del Estado.

Y como el abuso de poder por parte de los Estados también es una forma de violencia y de victimización, los Estados deben considerar “la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos”. Es deber de los Estados revisar periódicamente su legislación para actualizarlas a las necesidades cambiantes de las víctimas y a los peligros a que están expuestos. El no atender a las víctimas y dejarlas desamparadas es otra forma de victimización.

El compromiso con las víctimas de todo conflicto, sea particular o armado, es garantizar una justicia para la paz; una justicia restaurativa, que no solo imponga penas a los victimarios sino que además repare el daño causado y –en la medida de lo posible– restaure las cosas al estado en que estaban antes de la comisión de las conductas delictivas; porque de esa forma tendrán paz la víctima y el victimario; la comunidad y la nación tendrán confianza en el poder judicial; y el pueblo tendrá confianza en el Estado, porque le garantiza una justicia eficaz a través de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo.

A pesar de esa tragedia de la violencia que durante tantos años ha azotado a la nación colombiana, el pueblo colombiano tiene fe en la reconciliación. A pesar de los estragos de la violencia, pervive la esperanza. El proceso de paz que hoy (con tantas luchas, esfuerzo y dedicación) adelanta el Gobierno de la bella Colombia, atrae la atención del mundo.

Sin embargo, no basta con fijar nuestra atención como simples espectadores de los esfuerzos que adelanta la nación colombiana en pro de la reconciliación. Como Activistas por la Paz debemos brindar nuestro apoyo a los actores de la paz en Colombia, a los voceros del Estado, de la guerrilla y a los representantes de las víctimas, para que en aras del entendimiento sacrifiquen intereses individuales, superen las diferencias y logren la unidad y la paz en el diálogo basado en el respeto por el otro.

Ese proceso de solidaridad y colaboración con el pueblo y las autoridades colombianas, debe realizarlo todo Activista por la Paz; y ese proceso de reconciliación, como toda gestión de mediación y solución pacífica del conflicto armado, debe partir del reconocimiento de la condición de víctimas de los directamente afectados, de aquellos a quienes les asesinaron a sus familiares o les desplazaron de sus tierras, entre muchas otras manifestaciones de la violencia.

En estos eventos académicos se honra la memoria de las víctimas; y al reconocérseles como víctimas, como protagonistas del conflicto colombiano, se trabaja por efectivizar su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño, a la memoria y a la garantía de no repetición de todos aquellas expresiones de la barbarie, que atentan contra la dignidad humana y la libertad y el sosiego de la población civil.

Los diálogos de paz que hoy adelanta la nación colombiana la colocan como ejemplo ante las demás naciones del mundo. Ese proceso de paz merece nuestro apoyo y contribución en la búsqueda de soluciones que permitan superar las diferencias.

La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, con sus proyectos y diferentes actividades que se llevan a cabo en Colombia y demás países de América, siempre prestará su aporte a la construcción de la paz. Y esa paz que tanto anhela y necesita Colombia, solo se puede construir sobre la base de la verdad, con una justicia pronta y eficaz, cuyo objetivo primordial sea reparar a las víctimas y no solo castigar a los victimarios.

Con la verdad se administra justicia, y con el diálogo se alcanza la reconciliación. Así se construye la paz que tanto anhela la nación colombiana.

Muchas gracias.

Dr. William Soto Santiago

Presidente Ejecutivo de la EMAP