TERCER FORO JUDICIAL INTERNACIONAL

“NUEVAS PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO”

Instituto de la Judicatura Federal

Viernes, 20 de febrero de 2015

MESA 3

Moderador: Lic. Francisco Javier  Guerra González (México)

Vicedirector del Consejo de Proyectos y Coordinador para México de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz

Agradecemos la participación del Dr. Franco Fiumara, y muy particularmente ese respaldo absoluto a la Jurisdicción Universal, sabiendo la importancia que tiene a partir de los Tribunales de Núremberg, los Tribunales Internacionales, y muy particularmente la creación de la Corte Penal Internacional, que si bien es una justicia complementaria, de alguna manera fuerza a las jurisdicciones nacionales para que puedan avanzar en el sistema de administración de justicia.

Sabemos la importancia que tiene el luchar en contra de la impunidad, porque solamente arraigando la impunidad será posible alcanzar finalmente la paz.

Vamos a tener enseguida a nuestro tercer panelista en esta tercera Mesa, al Dr. Luis Antonio Ortiz Hernández.


Dr. Luis Antonio Ortiz Hernández

Venezuela

Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia

Primero que todo quiero darle gracias a Dios, al Todopoderoso y a la virgencita de Guadalupe por permitirme esta tarde compartir con todos y cada uno de ustedes y con este auditorio tan nutrido y concurrido.

Después de ello quiero darle las gracias al ciudadano Embajador William Soto, por esta invitación al Tercer Foro Judicial Internacional. Ya he tenido la honra de participar en dos anteriores: en Bogotá, Colombia, en Buenos Aires, Argentina, y hoy tengo el placer y el honor de compartir con este pueblo mexicano, a quien desde mi país les doy un gran saludo muy cordial y muy caluroso.

Debo darle gracias también, por supuesto, como dije anteriormente, al Dr. William Soto por esta invitación, y a todo ese maravilloso equipo que en esta ardua labor los acompaña en tan noble acometida, en cuanto de lograr, poder insertar dentro del Estatuto de Roma, a través de la Reforma de él y de la Resolución de 1948, ampliar el contenido que establece el genocidio y los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, y por supuesto, el delito de agresión.

Me corresponde en la tarde de hoy, hablar “La Corte Penal Internacional y su papel en la sanción de los crímenes internacionales”. Como me corresponde hablar, como decíamos de la Corte Penal Internacional, no puedo dejar pasar por alto —en un preámbulo— de hablar lo que es en realidad la Corte Penal Internacional; el por qué, para qué y la finalidad de esta Institución con carácter internacional y el estamento que lo justifica.

Todos sabemos, y lo han dicho por estos excelentes panelistas que me han antecedido con unas excelentes e ilustres ponencias; no voy a repetir lo que decía el amigo de Chile, ni mucho menos mi amigo allí, porque caería en lo repetitivo; pero sí me queda cuesta arriba llegar allí.

Sin embargo, estamos aquí para cumplir y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Espero también alegar la benevolencia que le fue otorgada a mi amigo Garzón, en cuanto a que por favor me guarden el papelito un poquito más, por favor.

Okay. Dicho esto, todos sabemos que la Corte Penal Internacional no es un instrumento jurídico internacional que salió de la noche a la mañana. Todos sabemos, una vez que transcurre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, estos tribunales ad hoc, como ya lo hablaron mis antecesores; por allá por 1948 surge la idea de crear un instrumento que podamos tener un Tribunal Internacional, el cual tenga la capacidad y la competencia de juzgar esos crímenes atroces cometidos, y que todavía se siguen cometiendo a través de los conflictos bélicos y la utilización de defoliantes con destrucción masiva.

Dicho esto, pues debo caer en lo que es el introctus y me permito leer qué es el Estatuto de Roma.

El Estatuto de Roma, conformado por 128 artículos, comprende una normativa sustantiva y a la vez adjetiva, en el cual se tipifican los crímenes internacionales y las sanciones correspondientes a los mismos; así como el procedimiento y aspectos institucionales de la Corte. Por lo que constituye, como es por todos sabido, un texto sumamente completo en materia, siendo así el principal instrumento normativo del Derecho Penal Internacional de la actualidad.

Es imperativo, asimismo, resaltar que el Derecho Penal Internacional es aplicable única y exclusivamente en relación a las personas determinadas en el Estatuto de Roma; tal y cual como lo prevé el Artículo 5º del Estamento en comento.

Con las personas determinadas en este Estatuto, no así con los Estados ni con empresas o corporaciones; y por ello se habla de la responsabilidad individual.

Esto es de importancia, porque es justamente una de las principales  características del Derecho Internacional, en virtud por el cual las personas jurídicas no se hacen  responsables; así puede ocurrir en el ámbito del Derecho Internacional. Y es por ello, entonces, que se puede afirmar en este sentido, que el propósito de la Corte Penal Internacional como ente sancionador, se sostiene en el Preámbulo del Estatuto de Roma al establecer de manera clara, precisa y concisa, que, teniendo presente en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación del ser humano y que conmueven profundamente a la conciencia de la humanidad, y de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional; en su conjunto no deben quedar sin castigo, decidido a poner fin a la impunidad de los autores de estos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes.

El Estatuto de Roma establece de manera clara, son cuatro delitos: El delito de genocidio, el cual en esta jornada y estos Foros estamos tratando de modificar; el delito de lesa humanidad, el delito de crímenes de guerra y el delito de intromisión.

Estos son los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional; y si bien es cierto que ya tenemos de manera definida lo que podemos entender nosotros por delito de agresión, no menos cierto es que no es sino hasta enero del 2017 cuando la Corte Penal Internacional pueda tener competencia sobre este delito.

Estos delitos, tipificados —como dije anteriormente— en Artículo 5º del Estatuto de Roma, me dio la oportunidad, viendo la ardua labor que lleva el ciudadano Embajador William Soto en cuanto a ampliar, modificar lo que llamamos nosotros la Resolución de 1948 y el Estatuto  Roma de 1998, el cual entra en vigencia en enero del 2002; traer aquí —y una vez que escuchamos a los panelistas que me antecedieron— una figura nueva; digo una figura nueva  porque la traemos para tipificar ese delito, pero no soy yo el primero que habla de ecocidio.

Si nosotros damos un paso atrás, por allá por los años 1950 a 1975, ya hablábamos de ecocidio; ya hay juristas que han intentado llevarlo como un crimen aún no tipificado. Sin embargo, tuve la oportunidad de llevar la propuesta y que el ciudadano Embajador hoy definió muy claro, y lo traje como el quinto crimen internacional contra la paz, y que aún no está tipificado, y que le pido a usted encarecidamente, ciudadano Embajador, que a través de esta labor que hace con esta maravillosa comitiva que le acompaña, llevemos adelante, a las Naciones Unidas y a los organismos que tengamos que llevar, y visitar las instituciones que haya que visitar, y hacer los Foros que haya que hacer, a los fines de que esto se logre.

Porque yo digo lo siguiente: Aquí hablamos todos de los seres humanos, que estamos acabando con los seres humanos, los seres humanos, las personas naturales, etcétera, etcétera. ¿Y el planeta? ¿Qué pasa con el planeta? ¿Será que el planeta no tiene amigos, abogados, jueces, que lo defiendan; o es que acaso, sí existe un ser humano si no hay planeta? No. Si el planeta se acaba, el planeta Tierra, pues los seres humanos también nos acabamos. Y ese  desastre está ocurriendo a diario, a cada momento, a cada instante.

Ustedes ven cómo se esta cambiando el sistema, el calentamiento global, nuestras especies, animales, florales, los ecosistemas, los estamos acabando. Decía el doctor Garzón, por allá en África, donde estamos destruyendo la fauna, el ecosistema, para sacar este famoso material para la alta tecnología, lo decía esta mañana. Estamos acabando con el planeta y si no le ponemos un “parao” pues lógicamente que nos vamos a quedar nosotros también los seres humanos “ponchaos”.

Por ello quiero hacer hincapié y traje aquí, decía, cuando la actividad de las grandes empresas multinacionales o entes gubernamentales, causa que supone un peligro de deterioro grave y permanente para el medio ambiente, y además afecta la salud de un número indeterminado de personas, esta situación deja de ser un problema local o nacional, para transformarse en una cuestión de protección de los Derechos Humanos pertenecientes ya al Derecho Internacional, y por ende, al Derecho Internacional Penal.

Así bien, ante la tal magnitud del daño al ecosistema y a la salud de seres humanos como consecuencia de ello, he propuesto en aquella oportunidad —y hoy quiero ratificar— la inclusión del Ecocidio como quinto crimen internacional dentro del Estatuto de Roma.

En aquel entonces lo propuse, y hoy lo vuelvo a reafirmar. Propongo o propuse definir el delito de ecocidio como una catástrofe letal o irreparable de ecosistemas, de un determinado territorio, en detrimento o no, de vidas humanas; ocasionadas directa o indirectamente por personas naturales en representación de las personas jurídicas, transnacionales, o cuando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado.

Fíjate que el Estatuto de Roma habla de personas naturales. Yo aquí quiero involucrar a las persona jurídicas. Si bien es por todos sabido las personas jurídicas no las podemos juzgar. ¿Cómo meto yo preso, cómo condeno yo a una institución? Ah, pero sí debo condenar a la persona que sea su presidente, que a sabiendas de que se está cometiendo un ecocidio, no menos cierto es que no hacen absolutamente nada para tratar de evitarlo.

Es allí entonces, donde la reflexión que debemos dejar plasmada en la tarde de hoy: incentivar a todos los Estados, a todos los países del mundo, para que dentro de sus estatutos constitucionales sea insertado el delito de ecocidio como tal.

Así pues, al proponer que sea agregado como el quinto crimen internacional contra la paz, el Estatuto de Roma, he destacado varios elementos: Un elemento, la legitimidad. Este crimen podrá ser cometido por personas naturales cuando en su condición de contralor y/o dirigentes, efectivamente, desde la acción militar o política de un Estado, y de las personas naturales que dirijan a una persona jurídica nacional o trasnacional ubicada en una jurisdicción de un Estado que haya sido ratificado el Estatuto de Roma.

Cabe destacar que en el Estatuto de Roma vigente, la legitimidad para incurrir en los crímenes internacionales allí establecidos, va dirigida básicamente a la persona natural que actúa en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado. Sin embargo, en un plano puramente normativo, este problema lo podríamos solucionar utilizando desarrollos jurisprudenciales importantes del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Los Estados no infringen el Convenio cuando directamente con su actividad lesionan algunos de los derechos reconocidos, sino, también, cuando una vez lesionados no realizan las investigaciones eficaces para descubrir y sancionar adecuadamente a los verdaderos culpables.

El segundo elemento: La magnitud del daño. La Corte Penal Internacional, debe tener la potestad, de acuerdo a la investigación realizada por el Fiscal ante la Corte, de todas aquellas probanzas, aquel acervo probatorio: qué magnitud tiene, qué daño ha causado, y entonces poder aplicar la sanción correspondiente de acuerdo al delito de ecocidio, delito de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, delito de agresión, etc.

Como tercer elemento: La sanción aplicable. Yo creo que aquí no tenemos problema alguno. Quiero hacer una reflexión al respecto y unas consideraciones. Fíjate que la sanción aplicable podría ser la misma sanción que se aplica a estos otros cuatro delitos, que ya tiene vigencia dentro de la Corte Penal Internacional, con unas consideraciones que debo decir que deben ser corregidas. Aquí establece, de acuerdo al Artículo 77 en concordancia con Artículo 110 del Estatuto de Roma, establece en primer término, dice: “Una pena en años que no exceda de treinta años”, pero luego va al ordinal B, y dice: “Y la Corte Penal Internacional puede castigar con la perpetuidad”.

¿Qué es esto? O es la perpetuidad o es máximo treinta años, tal y cual como lo establece casi la mayoría de las Constituciones del mundo.

Yo creo que deberíamos definir como lo hacen en mi país, tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como el Código Orgánico Procesal Penal, donde damos una pena mínima y una pena máxima, hacemos la sumatoria de ellas dos y le damos un punto de partida al juez.

¿Cómo sabe un juez cuando hay alevosía, premeditación, que se hizo? ¿Será que  todos los delitos que se cometan es igual? No. De acuerdo a las investigaciones podemos tener nosotros un punto de partida. Si ponemos una pena mínima y ponemos una pena máxima, podemos nosotros entonces, de acuerdo a las atenuantes o a los agravantes, podríamos aplicar la pena justa, o podríamos decir: “De cero pena a la perpetuidad”.

Claro, tampoco no podríamos decir, como hoy la mayoría de algunos países, que hablan de cuatro. En estos días salió una sentencia donde dice: “Se condena a cuatro cadenas perpetuas y media.”

¿Qué será la cadena perpetua?, para poder determinar cuántas veces me corresponde a mí pagar esa sanción.

Decía el reverendo Moon, y quiero traerlo hoy a colación, dice: “Todo ser humano tiene tres partes dentro de su vida: un proceso que dura diez meses, uno que dura cien años y uno que dura la eternidad.” Haciendo reflexión: Pues, tenía razón.

Si nosotros vemos cuando se engendra a un bebé: diez meses dura, lo máximo para que dé a luz son cuarenta semanas (que llaman por ahí). El promedio de vida de una persona, de un ser humano, es de cien años (aunque yo pienso vivir 115, por ahí estoy pidiendo los consejos para ver si llego allá). Y la eternidad, por supuesto, después de la muerte.

Entonces allí es donde tenemos que saber cómo o cuándo podemos nosotros establecer qué es perpetuidad.

Tampoco, por allí hay una sentencia en España (me corrige, Garzón, por favor), de un joven que violó a una señora y solo le metieron 314 años. [Dr. Baltasar Garzón: Hay condenas de dos mil años] Bueno, fíjate, no quise ser tan exagerado, me traje la más chiquitita. ¿Ustedes saben lo  que son 314 años? Este muchacho tenía 26 años. ¿Será posible que este joven tenga esa posibilidad de vivir 340 años?

Yo considero aquí, y traigo esto a colación, porque al Estatuto de Roma hay que darle la sanción que pueda aplicar la Corte Penal Internacional, una sanción verdaderamente aplicable. Fácil de poderla hacer efectiva. Y es por eso que entonces quería hacer esa acotación, en cuanto a la sanción que debe ser aplicada.

Luego tenemos otro punto muy importante. Decía que la sanción que había que aplicarla, le comenté en ese momento que debería acotar, que en cuanto a la imposición de la sanción convendría establecer la existencia de una condena mínima y una condena  máxima para cada crimen; que en concreto y así poder determinar a ciencia cierta qué pena debería imponérsele al infractor de estos delitos contenidos dentro del Estatuto de Roma.

Me toca la parte de casos que conoce la Corte Penal Internacional. Entró en vigencia en el año 2000. Es decir, que creo que tenemos trece o catorce años, más o menos con vigencia. ¡Son muchos!, de verdad que son muchos los casos que han pasado por la Corte Penal Internacional.

Tuve el placer, tuve el honor de conocer a los magistrados de la Corte Penal Internacional iniciándose, y al fiscal Luis Ocampo de Argentina (muy buenas relaciones tuve con él). Y debo criticar la Corte Penal Internacional, en este caso en concreto, de que cómo es posible, de todos los casos que se han ventilado por ante la Corte Penal Internacional, sólo  haya ocho casos; ocho casos que están en conocimiento de la Corte Penal Internacional.

En la actualidad, como dije, se desarrollan oficialmente ocho investigaciones: La República Democrática del Congo, Uganda del Norte, la República Centroafricana y Mali; estos fueron remisiones por los Estados Partes. Hay dos remisiones por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el Sunam y Libia. Y luego tenemos, por iniciativa del fiscal de la Corte Penal Internacional, el caso de Kenia y el caso de Costa de Marfil.

Sin embargo, yo considero que para cumplir con su mandato, la Corte Penal Internacional debe alcanzar los más altos estándares de independencia, efectividad y justicia, tal y cual como lo espera la comunidad internacional.

Decía que la Corte Penal Internacional como órgano sancionador bajo la óptica de la justicia, establece en su Artículo 67, literal c): una justicia expedita, un juicio previo, un debido proceso, sin dilaciones algunas. Nuestra Constitución de la República en su Artículo 26, así lo prevé. Y considero y creo y estoy convencido, de que todas las Constituciones del mundo prevén la justicia expedita sin dilación alguna.

Sin embargo,  el caso de Thomas Lubanga fue de conocimiento de la Corte Penal Internacional en el 2006; y no es sino hasta el 14 de marzo del 2012 que  logra sacar una decisión en la cual este ciudadano había sido denunciado por no sé cuántos delitos, y solo fue juzgado por uno, sin dar respuesta de los otros en absoluto. ¿Cómo es posible que se tuvo que esperar más de 6 años para dar ese pronunciamiento?

Otro caso que me trae bastante a colación y que debo traerlo aquí a ustedes, el caso del ciudadano Jean Pierre Bemba. Desde el 2008 a la actualidad, al día de hoy, todavía no hay un pronunciamiento.

¿Dónde está esta justicia expedita?, ¿dónde está esta justicia rápida, sin dilaciones algunas?, ¿dónde está el debido proceso que debemos garantizarle a todo infractor de la ley? Porque es que la ley no distingue. La ley no dice: aquella persona que haya cometido un hecho por atroz que sea ya deja de ser humano, ya deja de ser un ciudadano que le falten los derechos. No. Cometió un hecho, pues hay que aplicarle todo el peso de la ley, por supuesto que sí; pero respetándole sus Derechos Humanos. Nuestra Constitución lo establece en el Artículo 21 y en el Artículo 23. Dice: “Todos somos iguales ante la ley, no importa lo que hayamos hecho o lo que hayamos cometido”.

Ya para finalizar, mi querido compañero, yo me hago una reflexión, me pregunto: De acuerdo a los postulados establecidos en la mayoría de las Constituciones de los países del mundo, como el Artículo 67 que mencioné anteriormente, en el literal c) del Estatuto de Roma: ¿Por qué fue tan tardía, o por qué es tan tardía la impartición de justicia por parte de la Corte Penal Internacional?

Allí, creo que se le están violentando el juicio previo, el debido proceso garantizado por todos los estamentos constitucionales. Y a ello traería yo a reflexión lo siguiente: Justicia tardía no es justicia, sino por el contrario, es una injusticia.

Muy buenas tardes. Muchas gracias.