TERCER FORO JUDICIAL INTERNACIONAL

“NUEVAS PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN

DEL DELITO DE GENOCIDIO”

 

Instituto de la Judicatura Federal

Viernes, 20 de febrero de 2015

México D.F., México

Moderador: Dr. Julio César Pineda

Venezuela

Doctor en Derecho y Relaciones Internacionales; periodista y diplomático de carrera.

Muchas gracias doctor. Sí, como en todos los eventos que hemos tenido, siempre en la primera intervención, como decíamos citando a Humberto Eco: “no hay texto sin contexto”; y aquí está el texto fundamental y el contexto fundamental en el cual van a estar todas las conferencias que vamos a tener durante el día. Son los grandes lineamientos que decíamos en una pasada oportunidad: está el Dr. Soto, todos los planteamientos axiológicos que tienen que ver con el Derecho, las grandes líneas, los valores fundamentales; está el planteamiento fenomenológico, ese nuevo Derecho que tenemos que hacer ante fenómenos nuevos; y está la dimensión normativa, que es lo que tenemos que crear, ese nuevo Derecho que hay que estructurar y donde hay especialistas aquí en la materia.

Él señalaba lo que ha venido insistiendo y decíamos al comienzo, el tema de la redefinición, la reestructuración del genocidio, la posibilidad de revisión de la Convención del 48; en la Corte Penal hay solo cuatro delitos establecidos, habría que pensar en otros delitos, y entre ellos (él lo habla precisamente en varias oportunidades) el ecocidio, que sería el quinto; pero quedan abiertos también en el futuro a otros delitos de carácter internacional; y por supuesto, el tema político que es muy importante, que lo plantea el Embajador Soto: es el de la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Decíamos que ya en América Latina hay conciencia de que un latinoamericano vaya (y él lo ha planteado en varias oportunidades); aparentemente pudiera ser Brasil o Argentina, se ha planteado en varios eventos internacionales, pero anexa la posibilidad de que un europeo también exista en el Consejo de Seguridad con carácter de veto; un africano y un asiático.

Y en cuanto al planteamiento del ecocidio, sería ese quinto delito, ya se ha venido trabajando, creo que el Dr. Ortiz, magistrado venezolano, lo planteará de nuevo en sus conferencias sobre la Corte Penal Internacional; y dos dimensiones nuevas que él agrega: una es la de la educación, precisamente la delegación de Paraguay va a hacer una declaración final —a instancia del Dr. Soto, precisamente, y de los embajadores de la paz— para que las universidades aporten, los universitarios, al tema de la paz; él ha insistido mucho en esto de la educación.

Y hoy tenemos un aporte nuevo también, que es Baltasar Garzón, que creo que nos va a dar la dimensión de lo que es la jurisdicción universal, que es una parte más práctica, más instrumental, en esa aplicación de lo que es la justicia penal internacional y el nuevo derecho penal mundial.

Así que este documento que va a estar completo a ustedes, es como la parte doctrinaria fundamental, la dogmática fundamental sobre la cual todas las conferencias van a estar girando, como vamos a ver a continuación.

Precisamente me pidió el Dr. Luis Ernesto Vargas que no le lea todo el currículum, yo había hecho parte de él, pero que les dijera simplemente a ustedes que él es Presidente de la Honorable Corte Constitucional; y el tema es “El delito de genocidio en la jurisprudencia colombiana: avances y desafíos”. Tiene la palabra el magistrado, entonces, Vargas Silva de Colombia.

“El delito de genocidio en la jurisprudencia colombiana: avances y desafíos”

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

Colombia

Presidente de la Corte Constitucional, profesor universitario.

Muchísimas gracias a la Organización de este Tercer Foro Internacional de “Justicia para la Paz”, al doctor William Soto y a toda la comitiva.

(Y realmente traía una conferencia para cuarenta minutos, pero normalmente hago las exposiciones de manera muy anárquica, hoy las traía organizadas, pero justamente acabo de enterarme que solamente tengo veinte… voy a hacer la reducción correspondiente).

El principio —yo diría— que nos concita, que nos une a nosotros en esta clase de reuniones, es nuestra lucha denodada por la paz, doquiera que haya conflictos, sean de carácter nacional o sean de carácter internacional; y también la férrea defensa por los Derechos Humanos.

Porque si algo realmente garantiza que nosotros hayamos estudiado Derecho, que nosotros seamos jueces, que ejerzamos la magistratura, es eso: la defensa de los Derechos Humanos, porque su violación denota de manera significativa que necesitamos acercarnos muchísimo a actos verdaderos de pacificidad, en procura de que lleguemos a ese estadio en el que no haya violación de derechos fundamentales ni de Derechos Humanos.

Por esa circunstancia puede que nosotros tengamos en el pensamiento, que estemos en orillas opuestas, los que integramos este grupo, que estemos de pronto en las antípodas de pensamiento; pero mientras nos unan esos principios de búsqueda incesante de la paz y de férrea defensa de los Derechos Humanos, yo creo que vamos a estar siempre con usted, doctor William Soto.

Y por esa circunstancia a mí me place muchísimo hacer parte de este grupo tan calificado, y de venir a auditorios tan calificados como éste; grupo tan calificado que pues resulta difícil mencionar (y mucho menos con las dificultades de tiempo que tenemos), pero esencialmente tener a nuestro lado a lo que yo llamaría un paradigma de juez: para mí sigue siendo juez Baltasar Garzón Real.

Todo el tiempo, por más que haya sido víctima de la persecución que se ha hecho de parte de las extremas (en este caso de la extrema derecha) para que deje de investigar crímenes justamente parecidos al que nosotros estamos tratando el día de hoy por parte del franquismo…; de manera que ese acompañamiento que nos hace hoy el juez Baltasar Garzón, para mí: verdadero paradigma de lo que debe ser la autonomía, la independencia, la ética, la altivez con humildad, para aplicar la ley, hacen que siga siendo un estandarte de lo que debemos ser nosotros como jueces.

La persecución y sanción del delito del genocidio, es sin duda uno de los principales avances de la humanidad en el proceso de construcción de sociedades más plurales, más democráticas y más incluyentes.

Desde la segunda mitad del siglo XX (y en ese sentido nos hizo un gran aporte nuestro anfitrión, el Dr. Julio César Vázquez-Mellado, desde la introducción que hizo a este tema), los Estados emprendieron una tarea por reprimir toda clase de prácticas orientadas a la negación del derecho a la existencia de grupos humanos; esa es la manera como se ha calificado por la doctrina actual el delito de genocidio. En esa vía, las naciones han suscrito convenios y han modificado sus normas de Derecho interno, con el fin de evitar que ocurran estas prácticas.

El discurso del doctor William Soto justamente va enderezado a eso: que hagamos tanto reformas internas como de carácter internacional, tendientes a evitar que vuelvan a ocurrir estos hechos. Hablando de Derechos Humanos, esa es la garantía de no repetición que pueden tener las víctimas.

En particular, en el caso colombiano (y también lo adelantó él), los hechos ocurridos con el movimiento político llamado Unión Patriótica, han tenido como consecuencia que la adopción de disposiciones para investigar, sancionar y prevenir el crimen de genocidio, se inscriba en el debate sobre la existencia del genocidio político, que él llamó: politicidio.

Para analizar los avances y desafíos del Estado en esta materia —el Estado colombiano—, este documento se encuentra dividido en cuatro partes; la idea era presentar a ustedes los aspectos relevantes de la legislación colombiana con los pronunciamientos de los órganos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y también un capítulo especial para los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema; en tercer lugar: los pronunciamientos que hacen los órganos ordinarios de la jurisdicción penal en Colombia; y finalmente, para formular unas conclusiones y exponer los principales desafíos del Estado en la materia.

En Colombia, en cumplimiento de lo que dijo la Asamblea de las Naciones Unidas cuando creó la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (en Colombia), para dar cumplimiento a eso, se expidió primero la Ley 28 de 1959, a través de la cual se aprobó la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio y se adoptaron medidas de carácter penal y disciplinario en la legislación interna.

En esa ley el Estado colombiano adoptó en el Derecho interno la Convención para la Prevención, pero aprobó una ley sin que eso significara la creación inmediata del tipo penal de genocidio; este tipo penal fue finalmente por fin regulado, pero años más tarde.

Una de las primeras referencias en la legislación colombiana sobre el delito de genocidio, vino a constituirlo realmente fue la Ley 522 de 1999; o sea, ya a portas del siglo XXI vinimos a expedir por primera vez un estatuto que refiriera este tema, que fue el Código Penal Militar, que en el Artículo 23 dispuso que: “en ningún caso podrán considerarse como actos relacionados con el servicio, los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada”.

A través de la Ley 589 de 2000 (un año después) fue tipificado por primera vez en la legislación colombiana ordinaria el delito del genocidio.

Acerca de esta regulación, en la sentencia C-177 del año siguiente (o sea, del año 2001), la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad o eventual inexequibilidad de esta norma, resaltó que reconocer a los grupos políticos como posibles víctimas del delito de genocidio en Colombia, resultaba acorde con los valores y principios que informan la Constitución política de 1991.

Sin embargo, la Corte precisó que limitar el ámbito de protección a aquellos que actuaran dentro del marco de la ley (que era la protección que preveía la norma: “siempre y cuando se actúe dentro del marco de la ley”), contradecía el fin perseguido por la Convención, porque resultaba restringiendo la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad. En ese sentido declaró inexequible la expresión que establecía que solamente los grupos que actuaran dentro del marco de la ley serían objeto de protección; de manera que esta expresión quedó expulsada del ordenamiento jurídico a partir del año 2001.

La ley 599 de 2000, que fue el Código Penal, reprodujo el texto normativo de la Ley 589, pero ya introduciendo el mandato que había impuesto la Corte Constitucional a través de una sentencia de inexequibilidad sobre los grupos objeto de protección.

Posteriormente vino el Código disciplinario, y allí en el año 2002 se estableció como falta gravísima la comisión de actos de genocidio, pero se decía que “siempre y cuando causen lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de los grupos objeto de protección”.

Esta norma fue demandada ante Corte Constitucional. A juicio de los demandantes, la expresión grave contenida en el artículo señalado, desconocía que el fin del régimen disciplinario de los funcionarios públicos es garantizar que los agentes del Estado actúen con diligencia en el ejercicio de sus funciones.

En la sentencia C-181 del año 2002, el Tribunal Constitucional la declaró inexequible; es decir, la expulsó del ordenamiento jurídico por considerar que esa expresión restringía ilegítimamente el ámbito de protección otorgado por la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio.

Luego viene entonces ya el tema de la inclusión de los grupos políticos como sujetos pasivos del Delito de Genocidio en Colombia, y los pronunciamientos que al respecto ha hecho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esa inclusión de grupos políticos, que el doctor William ha llamado aquí el politicidio, como posibles víctimas de Delito de Genocidio en Colombia, tiene origen en los hechos ocurridos, y era a lo que él hizo referencia, ocurridos con el movimiento político llamado Unión Patriótica.

Este movimiento político, que surgió a mediados de la década de 1980 como producto de un proceso de negociación entre el gobierno del presidente Belisario Betancourt y la guerrilla de las FARC, fue objeto de persecuciones sistemáticas: hostigamientos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, atentados y amenazas, que tenían como fin suprimir por la vía de la violencia a ese grupo político.

Desde su creación, ese movimiento logró un rápido e importante éxito político en varias zonas del país en las elecciones de 1986 y 1988; y por esta razón, quienes tradicionalmente habían detentando el ejercicio del poder político en esas zonas, iniciaron un proceso de exterminio contra esa fuerza de oposición. Lo ocurrido con este movimiento político no sólo abrió el debate a nivel nacional sobre la inclusión de los grupos políticos en el tipo penal de genocidio, sino que planteó en el Sistema Interamericano la discusión sobre la existencia del genocidio político con ocasión del caso de la Unión Patriótica (UP) analizado allí.

En el segundo informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia, la Comisión presentó lo ocurrido contra la UP como un acto de genocidio, resaltó que el caso del asesinato masivo y sistemático del grupo político denominado Unión Patriótica, constituyó una sucesión de hechos criminales verdaderamente graves, y que este no ha sido el único hecho grave ocurrido en Colombia en esta materia.

Este documento, que (repito) es el segundo informe sobre la situación de Derechos Humanos allá en el país, este documento caracterizó a la violencia política en contra de la UP como selectiva y concentrada en las regiones de mayor éxito político y electoral del partido; sostuvo que la mayor cantidad de violaciones coincide con los años electorales y en las zonas de mayor resultado electoral para ese grupo. Así por ejemplo (allá se llaman así las regiones): Antioquia, Meta y Santander, fueron los departamentos de más alto nivel de violencia.

Señaló que no sólo la participación electoral fue lo que motivó la violencia contra la UP, sino que la existencia de tradicionales odios e intolerancias políticas en regiones del país, sirvió de artificio para que sus aliados y dirigentes fueran víctimas de tanta violencia.

Por otro lado, en el informe de admisibilidad número 41, del 9 de octubre del año 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al estudiar la petición interpuesta por las organizaciones “Reiniciar” y por la Comisión Colombiana de Juristas, en representación de las víctimas de la Unión Patriótica, reconoció que los hechos ocurridos compartían muchas características del crimen de genocidio, lo que permitía concluir que efectivamente se cometió este delito en Colombia.

En efecto, afirmó que los peticionarios aportaron información que evidenció la existencia de esa pauta de persecución violenta contra la UP, con el objetivo de exterminar físicamente al partido y diluir su fuerza política. Sin embargo, resaltó que los hechos no se ajustaban a la definición jurídica establecida por la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio.

Entonces fíjense la situación que se presenta: reconocen que tiene todas las características del delito de Genocidio, pero que no se ajustan a la definición que consagra la Convención de Prevención y Sanción del Genocidio; porque allí no se incluye a los grupos políticos como sujetos pasivos del delito, pese a que fueron mencionados en la Asamblea General de las Naciones Unidas que llevó a la creación de la Convención.

En ese sentido la Comisión decidió admitir la petición formulada en contra del Estado colombiano por la supuesta violación de los derechos a la vida, a la integridad y la libertad personales, pero aclarando que no se incluiría la alegación de genocidio.

De manera que ahí se presenta una circunstancia que no se sabe realmente si hay o no coherencia y sindéresis en las determinaciones de la Corte Interamericana. Como se puede observar, esos pronunciamientos no han sido unánimes respecto de la existencia del genocidio político. Si bien la Comisión reconoce que lo ocurrido con la UP comparte las características esenciales de ese crimen y no ha sido la única situación ocurrida en Colombia en esta materia, ha omitido pronunciarse sobre las peticiones formuladas al respecto, bajo el argumento según el cual la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio no contempla a los grupos políticos como sujetos pasivos de este delito.

Finalmente, con relación a la UP, es bueno que ustedes sepan que el arrasamiento fue de tal magnitud que los elegidos a las Asambleas, a las Cámaras, al Senado de la República, a los Concejos municipales, a toda forma de expresión democrática, fueron asesinados; y los que lograron salvar su vida… más de 5.000 dirigentes políticos fueron asesinados, y los pocos que lograron salvar su vida entonces tuvieron que irse del país.

Por eso se comparten tanto, dice la Comisión Interamericana, las formas en que se manifiesta el delito de genocidio.

Recientemente en la sentencia C-579 de 2013, la Corte Constitucional estudió el Acto legislativo 1 de 2012, por medio del cual se establecieron instrumentos de justicia transicional; y entonces ahí pasamos de los pronunciamientos de la Corte Interamericana a los de la Corte Constitucional colombiana.

Estábamos estudiando en ese momento el marco jurídico para la paz, que se está negociando en La Habana entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC; en esa oportunidad los demandantes plantearon que establecer criterios de priorización y selección para castigar a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos de manera sistemática y genocidio, desconocía el deber del Estado de investigar y juzgar adecuadamente todas las violaciones e infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en Colombia.

La Corte aclaró que establecer criterios de priorización y selección para judicializar a los máximos responsables de estos delitos, no implicaba excluir a los partícipes, coautores o líderes, y que la estrategia de centrar la investigación en máximos responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, se complementa con la aplicación de los criterios de gravedad y representatividad de los casos, establecida en esa norma.

En Colombia, aparte de ese —que es tal vez el último pronunciamiento que se ha dado de manera muy reciente—, también de manera simultánea se han dado pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior de Bogotá, que es el más grande del país, y de la Fiscalía General de la Nación; en donde se ha llegado a la conclusión que definitivamente Colombia sí tiene muestras, rastros, señas de la manera como se han cometido lo que hoy llamó el doctor William: politicidios.

Como no alcanzo a hacer la reseña porque ya se me vino el tiempo encima, simplemente vamos a mirar lo que la ponencia trae como conclusiones respecto a los desafíos por venir.

El Estado colombiano ha hecho grandes esfuerzos por prevenir y solucionar el delito del genocidio, pero sin embargo es importante resaltar que los desafíos aún son enormes.

El delito de genocidio en Colombia, a raíz de los hechos ocurridos con la UP, incluyó a los grupos políticos como sujetos pasivos de la conducta penal. Esto, sin duda, constituye una importante ampliación del marco de protección establecido en la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. Es decir, a nivel interno fuimos más allá de lo que ha aceptado de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la mano de decisiones de la Corte Constitucional colombiana.

Las decisiones de la Corte Constitucional han resaltado que en ningún caso el ámbito de protección establecido en la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio puede restringirse, que fue lo que dijo la Corte Interamericana, por el ordenamiento jurídico nacional.

En ese sentido ha establecido entre otras cosas:

  1. Que es una obligación del Estado tipificar el delito siguiendo las principales estructuras de imputación previstas en la normativa internacional, de tal manera que se respeten los elementos esenciales que a su vez permitan la configuración del delito de genocidio como la intención calificada de destruir el grupo totalmente, o el hecho de que el ataque se efectúe por razón de pertenencia al grupo.
  2. Que en ningún caso el delito de genocidio puede considerarse un delito político.
  3. Que es imprescriptible cuando la Corte Penal Internacional ejerce su competencia complementaria.

Por su parte, las decisiones emitidas por las autoridades nacionales han reconocido que lo ocurrido con la UP no se trató de un hecho aislado, sino que la conducta atroz de aniquilar de manera sistemática y deliberada a un grupo humano con identidad política propia, mediante la desaparición de sus miembros, constituyó un verdadero genocidio.

No obstante, es necesario otorgar a las víctimas de este delito en Colombia adecuadas garantías de no repetición, para así poder sentar las bases de un proceso de reconciliación nacional que permita alcanzar el ideal de una sociedad que conviva en paz y que realice los ideales constitucionales de justicia y solidaridad.

Asimismo es fundamental que los procesos que se siguen en la justicia interna y en la justicia internacional por los hechos ocurridos con los miembros de la UP, avancen significativamente, de forma que la sociedad colombiana pueda conocer por lo menos la verdad de lo ocurrido.

El esclarecimiento de la verdad de los hechos, que tanto dolor han causado a miles y ciento de miles de personas que hicieron parte de una opción política diferente y alternativa, es el primer paso en el camino a entender que las controversias políticas no* pueden resolverse con la eliminación del contrario, no podemos de manera alguna aceptar que eso vuelva a ocurrir.

Estos procesos, además, deben respetar estándares de justicia para las víctimas, para trabajar así en la construcción de una sociedad caracterizada por la convivencia democrática, el respeto de la pluralidad y el reconocimiento del otro.

Finalmente, es importante destacar que es un imperativo para el Estado colombiano —y yo diría, para todos los Estados— evitar que hechos constitutivos de genocidio vuelvan a presentarse, toda vez que este tipo de actos desvirtúan el carácter plural y democrático de los Estados (sobre todo los Estados sociales de derecho), y desconocen que el pluralismo, más que un elemento casual o caprichoso de esta fórmula de organización política, sólo es comprensible si se asume como un valor y como un principio propio de los Estados constitucionales.

Muchas gracias.