emailcumipaz@emapaz.com

“El Politicidio o genocidio contra los grupos políticos, propuesta para su tipificación como crimen internacional: la experiencia Argentina” - Dr. Daniel Eduardo Rafecas

Video Relacionado:

Bueno, muy buenos días. En primer lugar también me sumo a mis colegas agradeciendo especialmente a todos los amigos y amigas de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, especialmente al Dr. William Soto Santiago, también a la Dra. Gabriela Lara, al Dr. Camilo Montoya Reyes, y a la Dra. Sonia Real (que lamentablemente esta vez no nos ha podido acompañar).

Bien, soy perfectamente consciente de que a esta altura de la mañana ya estamos todos un tanto agotados y dispersos; de modo tal de que voy a tratar de hacer mi exposición lo más elocuente posible y concentrándome en las cuestiones más básicas y centrales de lo que quería transmitirles hoy.

Mi exposición se va a basar en tres ejes. Primero voy hablar un poco de los hechos ocurridos en la Argentina en la década del 70 del siglo XX; luego voy hablar de las respuestas judiciales que se vienen dando en mi país en los últimos diez años con relación a aquellos sucesos; y, finalmente, entonces sí vamos a llegar a estas propuestas de Derecho Internacional, que están siendo impulsadas felizmente –y esperemos que con mucho éxito– por la Embajada Mundial.

La Dra. Yassmín Vargas Aguilar de Guatemala, nos hizo un relato también, muy duro y muy crudo de los episodios que tuvieron lugar en su país en 1982.

Mi país padeció más o menos el mismo tipo de persecución, de modo más o menos contemporáneo, entre 1976 y 1980 aproximadamente; liderado también por el Ejército, por las fuerzas armadas, aunque también se han sumando las fuerzas de seguridad y de inteligencia.

Mi país ha tenido a lo largo del siglo XX una larga tradición de autoritarismo, de ideologías de adscripción a ideologías antidemocráticas, antiliberales, antisemitas también; las élites políticas, religiosas, militares de mi país, durante muchas décadas miraron con admiración a los idearios del fascismo italiano, del nacionalsocialismo alemán, del franquismo de España.Y todo esto desembocó en una sucesión de medidas y de estrategias desde el Estado argentino, durante muchas décadas, de perseguir a todos aquellos que no encajaran en la visión de nación que tenían estas elites dominantes.

Entonces durante las décadas del 40, del 50, del 60, colectivos políticos de izquierda, ¿no?, comunismo, socialismo, anarquismo, religiones incompatibles o diferentes del catolicismo, y otros colectivos, fueron sistemáticamente perseguidos con distintas estrategias: leyes penales especiales, tribunales penales especiales, instauración de pena de muerte, la emergencia de - también de bandas paramilitares sostenidas desde el Estado.

Evidentemente desde las miradas de las elites, nada de esto funcionó. El activismo de los grupos de izquierda en mi país seguía vigente, incluso con organizaciones armadas.

Finalmente, el 24 de marzo de 1976, los dictadores argentinos de ese momento, inspirados en la lógica del nazismo, desencadenan lo que en mi país fue “la solución final” de este problema; “la solución final”, la endlösung, como decían lo nazis.

“La solución final” (al igual que lo que fue los nazis con el pueblo judío, y el exterminio de seis millones de víctimas), en el caso argentino, los militares decidieron el exterminio físico de todos los que consideraban sus enemigos políticos; y de todos aquellos que de una u otra manera los apoyaran, los contuvieran, les dieran refugio, lo que fuere.

Y esta entonces… aquí se abren las puertas de la tragedia más terrible, la catástrofe más terrible que vivimos como país durante el siglo XX. Estamos hablando de la página más negra en toda la historia de la Argentina, por lo menos de la Argentina moderna; estamos hablando de la irrupción en todo el país, de, algo así como cuatrocientos sitios o lugares clandestinos de secuestros y tortura; estamos hablando de 30.000 víctimas que fueron conducidas a estos recintos ilegalmente.

Fueron allanadas sus casas ilegalmente, fueron secuestrados, saqueadas sus viviendas, robadas sus criaturas, sus niños, en un número de 500  aproximadamente. Todos eran torturados sistemáticamente en estos recintos, que recreaban el ambiente del campo de concentración del régimen nazi, con ese proceso de deshumanización de las víctimas. Recintos en donde se respiraba el ideario del nazismo, recintos en donde, quien era descubierto como judío era doblemente martirizado, por ser enemigo político y además por ser judío.

Bien, en estos recintos se impuso entonces, la tortura, de modo generalizado; y por lo menos un tercio de las víctimas que estaban cautivas en estos centros, fueron objeto de exterminio físico; con métodos sistemáticos, fusilamientos masivos, vuelos de la muerte. Es decir, víctimas que eran dopadas, subidas a camiones, luego a aviones; estos aviones iban hacia el mar, y estas víctimas eran arrojadas en esas condiciones al mar. Nunca más supimos de ellos. Apenas entre un 5 y un 10% de esas víctimas pudimos dar con los restos; el resto siguen hasta el día de hoy –casi a cuarenta años de los hechos– en calidad de desaparecidos.

En este contexto también (y recogiendo también una parte,y relevante, de la exposición de mi colega, la Dra. Barrios Aguilar), otro aspecto muy oscuro que recién ahora está emergiendo en los procesos de verdad y justicia de mi país, han sido también las violaciones y otros abusos sexuales graves, padecidos en los centros clandestinos por las víctimas mujeres; de modo sistemático, en episodios gravísimos, lacerantes, terribles, que se están ventilando en las audiencias.

En mi caso como actor, también como magistrado a cargo de estas investigaciones, digamos, he contemplado este aspecto terrible, irreparable, del terrorismo de Estado, y que ha llevado –como nota al pie–, que ha llevado a los tribunales de nuestro país a separarse de la tradición al Derecho Internacional, que considera a la violación como un aspecto más de la tortura.

La Argentina, la justicia argentina, ha tomado otro camino, de la mano de los movimientos feministas y de organismos de Derechos Humanos, y ha considerado que el delito de violación u otros abusos sexuales graves, deben juzgarse y condenarse de modo independiente de la tortura; a partir de las terribles secuelas y consecuencias, y de los padecimientos específicos de las mujeres cautivas.

Bien, estos son aproximadamente los sucesos.

¿Qué ha pasado en mi país? A partir del año 2003 la Argentina abandonó una suerte de política de impunidad y de olvido, y diría también, de negacionismo de estos crímenes; y emprendió el camino de permitirnos –como sociedad– tener una mirada honesta con nuestro propio pasado de violencia de Estado y de crímenes masivos.

No me voy a extender demasiado en este aspecto, pero sí voy a decir algunas cifras, porque realmente es impactante lo que se ha llevado a cabo en estos últimos diez años en mi país. Prácticamente todos los juzgados federales y tribunales orales federales, a lo largo del extenso territorio de la Argentina han llevado adelante procesos judiciales y han dictado condenas a perpetradores de estos crímenes masivos cometidos entre 1976 y 1980.

Aproximadamente treinta tribunales orales, desde el extremo sur hasta el norte, y de este a oeste de la Argentina, han lidiado con estos sucesos. Durante estos últimos años se han dictado ya, aproximadamente, 120 sentencias condenatorias por estos crímenes. Se encuentran 1.500 autores bajo proceso, detenidos; de los cuales, por lo menos 600 ya han sido objetos de condena, por delitos de torturas, de detenciones ilegales, de secuestro de niños, de violaciones, de homicidios.

Y esto es un proceso en el cual estamos a medio camino todavía. Es un proceso muy vibrante, judicial, que está obviamente transformando a la burocracia que conformamos el ámbito judicial. A todos nos han impactado y nos hemos sensibilizado muchísimo, a partir de tomar estos testimonios (y como decía también la Dra. Barrios Aguilar), la visibilización, ¿no? (y como decía también mi colega mexicano recién), la visibilización de la víctima, el descubrimiento, si se quiere, de la víctima ¿no?, de estos crímenes en estos procesos.

Bien, entonces con esta base, sobre esta base breve (porque después a la tarde mis colegas argentinos también seguramente van a volver sobre estos temas), quisiera ir al tema que nos convoca en esta Cumbre, que es la cuestión de cómo ha sido en definitiva redactada la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio, que sancionó el 9 de diciembre de 1948.

Bien, como seguramente todos más o menos conocen, los grupos políticos fueron excluidos de los grupos que pueden ser perseguidos y definidos como genocidio; todas las doctrinas, todos los autores coinciden en asignarle la razón fundamental de esta definición restrictiva de genocidio al afán de convocar a todas las naciones –nucleadas en la Organización de  Naciones Unidas– y de que no haya ni abstenciones ni votos en contra ¿no?

Este objetivo se logró, finalmente la Convención fue votada por unanimidad. Hubo un único representante que discretamente cuando llegó el momento de la votación se retiró, porque de ninguna manera podía votar favorablemente la Convención contra Genocidio, que era el representante de Sudáfrica, cuyo régimen de apartheid se extendió increíblemente hasta 1994.

Bien, entonces en el afán de obtener este consenso y de incluir especialmente a las naciones de aquel momento del bloque soviético (que también tenían serias dificultades para aprobar una definición de genocidio que abarcara crímenes políticos), por razones obvias, se marginó de la  definición a este móvil tan importante.

A resultas de lo cual, y aquí cito a una experta en estos temas, BárbaraHarff, profesora en Estados Unidos. Ella hizo un relevamiento de los crímenes masivos cometidos en todo el mundo, en la segunda mitad del siglo XX; y de allí extrajo que, de los 37 sucesos que ella detectó, 25 de ellos eran exclusivamente por razones políticas, incluyendo muchos de una gravedad extrema ¿no?, como el caso de la represión en la Unión Soviética, todo el circuito de campos de concentración del sistema Gulag o lo que fue el régimen de los Jémeres Rojos, en Camboya, el régimen de Pol Pot, que entre 1976 y 1979 masacró a dos millones de nacionales camboyanos, por razones políticas, en un régimen atroz ¿no?, comunista, que exterminó al 20% de la población. Una nación que nunca pudo recuperarse –hasta el día de hoy– de este crimen masivo. (Yo estuve el año pasado allí y puedo dar cuenta de eso personalmente).

Bien, entonces, en definitiva, las tres cuartas partes de los crímenes masivos cometidos en todo el mundo durante la segunda mitad del siglo XX y —podemos agregar— lo que va del siglo XXI, son crímenes cometidos por móviles políticos contra opositores políticos.

Increíblemente el 75% de estos crímenes no están abarcados en la Convención contra el Genocidio. Y voy a leer aquí: en 2007 un importantísimo jurista de derecho internacional, el profesor David Nersessian de la Universidad de Harvard - EEUU, escribió un artículo, se llama: Comparativeaproachesforpunichinghate, theintersection of genocide and crimesagainsthumanity; y él dice (traduzco textualmente):

“Debido a que constituyen delitos independientes que pueden ser acumulados, el genocidio puede describir el objetivo de los crímenes cometidos contra miembros de grupos raciales, nacionales, religiosos o étnicos (que son los 4 grupos o móviles protegidos); pero no es el caso de los miembros de los grupos políticos (no es el caso de los grupos políticos), porque no existe un delito análogo de genocidio político en el Derecho Penal Internacional”.

Y concluye Nersessian que “la ausencia de un delito paralelo de genocidio político, demuestra que se brinda menos protección a los grupos políticos”. A propósito de esta ausencia en el contexto internacional, de un delito de genocidio político, cita el siguiente ejemplo, que creo que es muy gráfico, dice:

“Durante las atrocidades de 1994 en Ruanda (ustedes saben, se cometió un genocidio, de aproximadamente 900.000 víctimas, en esa pequeña nación en el centro de África, dice), algunos hutus fueron masacrados junto con los tutsis. Los tutsis fueron blanco de su destrucción por el factor étnico (el blanco del genocidio de Ruanda fue el pueblo tutsi, que en el 95 o 97% de las víctimas pertenecía a esa etnia), mientras que los llamados hutus moderados lo fueron por sus creencias políticas (se oponían al genocidio de los tutsis). Sin embargo frente a los homicidios masivos, cometidos al mismo tiempo y en el mismo lugar, por los mismos perpetradores y como parte del mismo esquema, se clasifica al tutsi muerto en el piso de una iglesia como víctima de genocidio, y al muerto hutu que yace junto a él, como víctima de persecución, crimen de lesa humanidad (de lo que fuere)”.

Algo muy similar ocurrió también en los juicios que se ventilaron en el Tribunal Penal Internacional para los crímenes en la ex Yugoslavia.

Concluye Nersessian, entonces, con la siguiente recomendación a la Comunidad Internacional, en línea con lo que propone el Dr. Soto Santiago: “Es razonable (dice este profesor de Harvard) que los abogados internacionales y los políticos continúen revisitando, después de 60 años, la decisión de excluir a los grupos políticos de las protecciones de la Convención”.

En esa misma línea, un prestigioso jurista también de Derecho Internacional, de la universidad de Tel Aviv, Natán Lerner, sostiene: “Indudablemente los genocidios cometidos en las décadas que siguieron a la adopción de la Convención, demandan la ampliación de la definición. Los casos de Camboya, Rusia bajo Stalin, crímenes masivos contra opositores políticos, como en la Argentina o Chile (dice Lerner), son consideraciones de peso; y una reforma de la Convención, o la adopción de un protocolo optativo, parecen ser las necesidades de la hora”.

Lamentablemente, este alcance restrictivo del crimen de genocidio, nos ha impedido en la justicia federal argentina, de poder definir los crímenes cometidos en mi país como genocidio; porque el móvil claramente ha demostrado en todos los procesos en mi país, ha sido el móvil político: las víctimas fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas, por razones políticas; y por lo tanto, los jueces, en homenaje al principio de estricta legalidad, no podemos hacer una interpretación extensiva de la Convención.

Por otro lado, y a diferencia de lo que señalaba la Dra.Barrios Aguilar (o lo que hablaba después de la conferencia), Guatemala, el legislador guatemalteco tuvo el esclarecimiento y la visión de sancionar el delito de genocidio en 1973, en el Código Penal; con lo cual, cuando llegaron los sucesos, el delito de genocidio estaba tipificado en la legislación penal interna de este país hermano.

No fue el caso de la Argentina, que hasta el día de hoy no cuenta con un delito interno, en el Código Penal argentino, de genocidio. Y entonces esto…Digamos... Yo lo que quiero traer aquí en definitiva como mensaje, es que este vibrante proceso de memoria, verdad y justicia que estamos llevando adelante en mi país, en los últimos 10 años, y que, bueno, personalmente yo también estoy involucrado en estos procesos... en el juzgado donde yo trabajo ya llevamos más de 200 perpetradores detenidos y algo así como 2.000 víctimas judicializadas; es un ejemplo cabal de esto que están diciendo Nersessian, Natán Lerner, William Schabas y muchos otros expertos.

Es una necesidad de estas horas, ampliar la Convención y extender el alcance de la Convención, en la protección de la Convención contra el Genocidio, para los crímenes por razones políticas.

En ese sentido quisiera terminar recogiendo una frase que hoy expuso el Dr. Soto Santiago, dijo: “una justicia para la paz está cimentada en la verdad y el respeto de la dignidad humana”.

Yo creo que estos procesos que se están llevando por ejemplo en Guatemala o en Chile o en mi país, son procesos que van en ese camino; y debería también tener un reflejo y una influencia en el orden internacional, con esta iniciativa de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, de la ampliación de la Convención contra el Genocidio, para una protección integral frente a crímenes masivos. Nada más. Muchas gracias.

(VER ARCHIVO PDF DEL AUTOR DE LA PONENCIA)